La
comisión de Comercio
Internacional del Parlamento Europeo ha rechazo EL 21 de junio de
2012, en un informe, aprobado por 19 votos a favor, doce en contra y ninguna
abstención, el acuerdo internacional contra la piratería en la red (ACTA) y ha
recomendado al pleno de la Eurocámara tumbe el acuerdo definitivamente.
Los eurodiputados socialistas y demócrata, liberales, verdes y del grupo de la
Izquierda Unitaria Europea han votado en bloque en contra el acuerdo
internacional, mientras que los representantes del Partido Popular
Europeo y del grupo de los conservadores y reformistas han rechazado el informe
por entender que se debería esperar a conocer el dictamen que emita el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre la legalidad o no del acuerdo antes
de someterlo a votación en sesión plenaria.
La Comisión Europea remitió a finales de mayo el ACTA ante tribunal europeo con
sede en Luxemburgo con el objetivo de que se pronuncie sobre si el acuerdo
internacional respeta los derechos fundamentales, en un intento por calmar las
dudas y críticas que ha levantado entre los Internautas europeos.
Bruselas sostiene que ACTA no modifica en nada las reglas europeas o nacionales
de los Estados miembros en lo que se refiere a Internet, sino que fija un marco
a escala internacional para hacer valer fuera de las fronteras comunitarias las
leyes que rigen dentro. "Nada de lo que es legal dejará de serlo con la
entrada en vigor de ACTA y nada de lo que es ilegal dejará de ser ilegal",
recalcan fuentes comunitarias.
Pese a ello, organizaciones de internautas han mostrado preocupación por las
consecuencias de un tratado que, a su juicio, podría impulsar medidas concretas
contra la piratería de películas y música y facilitar el control estatal sobre
la comunicación en Internet
EQUILIBRIO DE DERECHOS
Los principales argumentos de los eurodiputados para rechazar el acuerdo
antipiratería es que no garantiza a su juicio el equilibrio entre los derechos
de propiedad intelectual, la libertad de empresa, la protección de datos
personales y la libertad para recibir o dar información y critican que los
derechos de propiedad intelectual tal y como los contempla ACTA no responden a
las especificidades de cada sector y ello podría traducirse en incertidumbre
para las empresas europeas.
Las comisiones de Libertades Civiles, de Industria, Asuntos Legales y
Desarrollo del Parlamento Europeo ya habían rechazado con anterioridad el
tratado internacional contra la piratería ACTA y reclamaron a la comisión de
Comercio Internacional, la competente para pronunciarse sobre el mismo, que
también lo rechazara.
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| El eurodiputado David Martin, durante el debate sobre ACTA |
El ponente del informe votado este jueves, el eurodiputado socialista británico
David Martin, ha reconocido su "satisfacción" por el rechazo al ACTA,
igual que el eurodiputado de ICV, Raül Romeva, que ha criticado "los
intentos de retrasar la votación y la presión" y ha confiado en que el
pleno vote el acuerdo "antes del verano" para poder "poner fin
al proceso de ratificación de ACTA".
"Gracias a la
movilización masiva de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil,
estamos a punto de rechazar definitivamente ACTA. Hoy hemos avanzado en el
rechazo del ACTA y se confirmó que el acuerdo plantea una grave amenaza para la
garantía de los derechos fundamentales", ha recalcado el catalán, que ha
instado a la ciudadanía a no bajar la guardia y a continuar sus movilizaciones
"para que ACTA sea finalmente enterrado".
El eurodiputado liberal italiano, Niccolo Rinaldi, ha celebrado el rechazo al
ACTA de hoy porque demuestra en su opinión que "la voz de los ciudadanos
cuenta" y ha criticado que la Comisión Europea firmara el
acuerdo sin haber hecho las "clarificaciones" pertinentes y "un
análisis de impacto completo" del mismo en octubre de 2010.
El eurodiputado alemán 'popular', Daniel Caspary, uno de los ponentes en la
sombra del informe, ha insistido en que hay que curar al enfermo y no matarlo,
para justificar la necesidad de esperar a conocer el dictamen del TUE antes de
que la Eurocámara tome una decisión final sobre ACTA. "Es mejor que
curemos al paciente, no lo matemos", ha defendido.
EN PRINCIPIO, EL ACUERDO SE VOTA EN PLENO EN
JULIO 2012
El pleno de la Eurocámara tiene "en principio" previsto someter a
votación el acuerdo antipiratería el próximo 4 de julio 2012 en Estrasburgo,
según consta en la agenda provisional del orden del día del pleno.
La decisión definitiva sobre si va al pleno o no finalmente se sabrá el próximo
jueves, una vez lo decidan el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz,
y los líderes de los distintos grupos parlamentarios en el marco de la
Conferencia de Presidentes preparatoria de las sesiones plenarias.
Los 'populares' y conservadores en la Eurocámara están intentado presionar para
que se retrase la votación en el pleno, pero "una mayoría" de líderes
de grupos se muestra a favor de votarlo ya en julio, algo que no se sabrá de
forma definitiva hasta el próximo jueves, según han explicado fuentes
parlamentarias.
Si se somete a votación en el pleno, distintas fuentes parlamentarias, dan por
hecho que ACTA será tumbado definitivamente, teniendo en cuenta el rechazo
"en bloque" de la mayoría de los partidos con representación en la
Eurocámara.
Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos
seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia,
México, Marruecos y Japón. En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y
ratificarlo cada uno de los Estados miembros y la UE por tratarse de un acuerdo
que abarca competencias nacionales y comunitarias y debe ser ratificado también
por la Eurocámara.
El Ejecutivo comunitario ha insistido este jueves en que considera "una
obligación" remitir el asunto al tribunal europeo teniendo en cuenta
"las preocupaciones de los ciudadanos sobre el impacto en los derechos
fundamentales" que tendrán el tratado antipiratería y considera que
importante que la Eurocámara "tenga en cuenta" su dictamen
"antes de que voten" en pleno, que podría emitirse en un plazo de
"entre 18 meses o más", el tiempo "normalmente requerido"
por el tribunal para analizar "este tipo de caso", ha explicado el
portavoz comunitario de Comercio, John Clancy en rueda de prensa.
Bruselas "respeta" en todo caso la competencia de los eurodiputados
para fijar su propia agenda y decidir si someten o no a votación el acuerdo ya
en junio. "Compete al Parlamento fijar su propia agenda. Les compete
decidir a ellos", ha explicado el también portavoz comunitario, Olivier Bailly.
